CAMBIOS DEMOCRATICOS EN MEXICO
El sexenio de Carlos Salinas marcó un claro parte aguas respecto de las gestiones priistas previas, especialmente las de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en la medida que rompió con el discurso y la ideología del nacionalismo revolucionario que todavía con Miguel de la Madrid trató de presentarse como el soporte ideológico del priismo.
Salinas, en cambio, adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de "liberalismo social" que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. En este sentido, Salinas pronunció una serie de discursos durante 1991 y 1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas. En un sentido, la que puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como uno de efectiva solución de problemas en el agro mexicano. Formó parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque en este punto es donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación del juarismo propuesta por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno.
Similares argumentos se pueden encontrar también en la articulación del programa Solidaridad, en el ambicioso programa de privatizaciones y en el intento, ése sí malogrado, de privatizar la industria petrolera del país.
Salinas se inspiró para articular su propio concepto de "liberalismo social" en los trabajos de Jesús Reyes Heroles, Otto Granados Roldán (director de Comunicación Social durante los primeros años de su gestión) y José Francisco Ruiz Massieu (quien jugó un papel clave en la reforma de la relaciones Iglesia-Estado)
Privatizaciones
Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el conocido centro nocturno El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad.
La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.
Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.
Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en 1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.
Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del sector paraestatal.6
Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares,7 los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%.8 Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.
Privatización de Telmex
En 1989, Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos
La venta fue hecha a través de una subasta pública. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.
Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6 mil 350 a 21 mil 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.
Privatización de la banca
La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo de 1990 en la cámara de diputados y el 21 de mayo en la Cámara de Senadores. Guillermo Ortiz Martínez subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso.
La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial.
En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna.
• SHCP (1995). «Fondo de Contingencias, fuentes y aplicaciones», Informe sobre la situación Económica, las finanzas Públicas y de la Deuda Pública. Acciones y Resultados del Cuarto Trimestre de 1994.
Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.
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